La holgura presupuestaria de los municipios Mariño y Díaz permitió a estos ayuntamientos cancelar la más reciente quincena con el nuevo incremento de 15% sobre el sueldo mínimo.
Con la entrada en vigencia del aumento del salario mínimo, las empresas privadas e instituciones gubernamentales están obligados a ajustar sus tabuladores de sueldo a los requerimientos de ley. Para el sector público, la carga de esta resolución que autoriza el incremento en dos partes se hace pesada y lenta en su aplicación pues, pese a que el decreto habla de un primer ajuste de 15% desde comienzos de mayo, varias de las alcaldías insulares deben esperar a que el Ejecutivo nacional baje los recursos para cumplir con la norma.
En la gran mayoría de casos, no solo los que devengan esta paga promediada resultan beneficiados, pues gran cantidad de empleados por encima del sueldo mínimo ven consumidas sus ganancias y por ende sus salarios también deben ser reconsiderados.
En la municipalidad de Mariño aguardan a que el Gobierno ajuste las asignaciones por Situado Constitucional para equilibrar las finanzas, aunque según explica el mandatario local, Alfredo Díaz, gracias a los tributos poseen un margen de liquidez que les facilita asumir el compromiso del aumento salarial, hasta que se haga efectiva la partida para cumplir con el 32,25% de diferencia.
Tal como lo refiere Richard Fermín, alcalde de Arismendi, en esta jurisdicción ya se elaboró un nuevo cálculo del salario de los trabajadores del ayuntamiento, basado en el aumento por decreto, más la incidencia en las prestaciones de toda la nómina. No obstante, en esta dependencia no cuentan con la misma suerte que en Mariño y toca esperar hasta que les asignen los créditos adicionales del situado, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), para dar una remuneración justa a un poco más de 400 empleados municipales.
En Gómez, la situación también es similar. La alcaldesa de esta localidad, Yannelys Patiño, manifestó que la carga laboral de este ayuntamiento es bastante pesada e, incluyendo a los jubilados y pensionados, mantienen a unos 700 trabajadores a los que se les irá acumulando una diferencia retroactiva que será cancelada inmediatamente hagan efectivos los primeros créditos, aprobados por la Asamblea Nacional el 8 de mayo.
En el caso de la alcaldía de Díaz, la gerente de este municipio, Marisel Velásquez, manifestó que desde el 15 de mayo los trabajadores de esta dependencia gozan del primer incremento de 15%, pero desde el punto de vista administrativo esperan la entrega de los créditos centrales para equilibrar el presupuesto.
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