La norma “tiene como fin eliminar prohibiciones y flexibilizar trámites y limitaciones existentes y contribuye a la solución de disponibilidades habitacionales del país mediante el acomodo natural y espontáneo de las personas”, declaró a la televisión la vicepresidenta del estatal Instituto de la Vivienda, Magalys Piñeiro.
Desde la ley de Reforma Urbana, en la década de los 60, y la Ley de la Vivienda, en los 70, la venta de casas estaba suspendida, con un breve receso en los años 80 y, en todo caso, el Estado era el primer y único comprador bajo el sistema socialista cubano.
La autorización de compraventa de casas se inscribe dentro de las reformas destinadas a acabar con “prohibiciones indebidas” que impulsa el presidente Raúl Castro, a quien su hermano Fidel cedió el poder en 2006 por razones de salud.
Esta reforma fue antecedida hace un mes por la liberación de la venta de automóviles y anteriormente de computadoras y electrodomésticos.
Cuba arrastra un déficit habitacional de unas 700.000 viviendas desde antes del triunfo de la revolución en 1959. Aunque se construyeron cientos de miles en las últimas décadas, el deterioro de las existentes se comportó casi a la par del ritmo de construcción.
La nueva ley, promulgada hace una semana, autoriza la compraventa entre cubanos (o extranjeros con residencia permanente) ante un notario público, con un precio acordado entre las partes y pago a través de una institución bancaria, todas estatales.
Para evitar la especulación, la ley establece que una persona solo podrá ser propietaria de una vivienda urbana y otra en zonas de recreo (playa, campo). Además, exige que la casa en cuestión esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
Sin embargo, algunos especialistas estiman que la entrada en vigor de la ley este jueves no impulsará de inmediato el mercado de viviendas.
“La gente quiere ver la aplicación de la ley en la práctica, pues tienen ciertas suspicacias con el texto. Además, deben vencer algunos requisitos previos que llevan tiempo, (y) gestiones”, dijo a la AFP un abogado que pidió el anonimato.
En el Registro de Propiedad sólo hay inscritos hasta el momento unos 200.000 títulos de propiedad, “lo cual todavía es realmente muy poco”, según dijo el viceministro de Justicia, Francisco García, a la televisión local. Esta cifra representa un 6% de los dueños de viviendas.
A la demora en este trámite se suma que muchos propietarios carecen de un título actualizado, pues han realizado modificaciones en la construcción u otros cambios no legalizados, lo que deben hacer ahora antes de vender.
Asimismo, aunque el precio se establece por acuerdo libre entre las partes, la declaración para impuestos y el pago a través de un banco despiertan suspicacias entre algunos, toda vez que el comprador debe hacer una declaración jurada de que el dinero procede de una fuente legal.
No se descarta que muchos compradores reciban ayuda de parientes emigrados en Estados Unidos u otros países, o posea ahorros muy por encima del salario devengado en estos años.
Según versiones que circulan, pues no existe hasta hoy un mercado inmobiliario, los precios de una casa en la isla van desde 10.000 a más de 100.000 dólares, en un país donde el salario mensual equivale a 20 dólares.
“Esta ley no va a resolver el problema de la vivienda, que es muy grave”, advirtió a la AFP el economista disidente Oscar Espinosa Chepe.
Sin embargo, “va a crear todo un movimiento en sentido positivo, de reactivación de la actividad de construcción, que va a permitir más movimiento” del sector, expresó.
Para algunos, la historia será semejante a la autorización de compraventa de autos entre cubanos, en vigor hace mes y medio luego de décadas de prohibición, que ha registrado un nivel de operaciones inferior al que se esperaba.
“La gente está con mucho interés, pero también muy precavida”, dijo el abogado que pidió el anonimato. “Incluso, todavía hay que legalizar muchas ventas de carros y casas que se hicieron por la izquierda (ilegalmente)”, añadió.
Fuente:Noticias24
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