BUSAN LA INHABILITACIÓN POLÍTICA DEL GOBERNADOR PARA FRENAR EL PROGRESO EN NUEVA ESPARTA

Una justicia maniatada y subyugada al poder ejecutivo es los que evidencia la multa que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia impuso al gobernador Morel Rodríguez Ávila, por la tala de árboles realizada en Los Robles, Municipio Maneiro. 

A esta conclusión llegaron directores del tren ejecutivo, quienes afirmaron que detrás de todos los argumentos esgrimidos, no hay más que una maniobra para inhabilitar políticamente al mandatario regional, por ser el líder que sobresale en el apoyo popular y a quien los neoespartanos desean que continúe al frente de la Gobernación, según lo evidencian todas las encuestas de opinión hechas al respecto. 

Víctor Espinoza, secretario general de Gobierno, enfatizó que “se está aplicando una justicia injusta, porque en todo caso, se deberían multar a todas las instituciones y personas involucradas en el otorgamiento de permisos”, en alusión a que esa obra contaba con las autorizaciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el Instituto de Patrimonio Cultural y la Alcaldía del Municipio Maneiro. Asimismo, sostuvo que “queda en evidencia que no es más que una retaliación política”.
Por su parte, el director de Recursos Humanos, Dimas Bucarito, destacó que esta multa por 76 mil bolívares en el caso de Los Robles, donde se iba a construir una iglesia en el año 2008 solicitada por la misma comunidad y la reforestación del lugar, “demuestra que el poder judicial funciona para unos y para otros no. Una evidencia más de que el poder judicial es manejado por el ejecutivo. No existe estado de derecho que garantice la aplicación real de la justicia”.

Recordó que en esa oportunidad, la Gobernación del estado realizó una contratación pública y se cumplieron todos los pasos administrativos requeridos, además, de que el proyecto contaba con todos los permisos.
Asimismo, mencionó el caso de la tala de árboles en la avenida 31 de Julio, realizada durante la administración del alcalde de Antolín del Campo, Rafael Salazar, donde, a su juicio, sí hubo un verdadero ecocidio con la destrucción de 150 árboles. En este sentido, se pronunció Manuel Ávila, director de Educación, quien aseveró que en Nueva Esparta se han cometido grandes deforestaciones de cerros avalados por el gobierno nacional y Alcaldías apegadas al proceso revolucionario.